Frente al alarmante retroceso de la línea de costa y el avance sostenido de las mareas sobre la traza urbana de la Cuenca del Golfo San Jorge, el diputado nacional Juan Carlos Molina presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la Emergencia Costera y Defensa del Litoral Marítimo patagónico. La medida, que prioriza la crítica situación de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rawson, regiría por 365 días con el objetivo de destrabar obras de contención urgentes e impostergables.

El fenómeno de la erosión marina dejó de ser una preocupación netamente ecológica para convertirse en una amenaza latente y física sobre las viviendas costeras, los tendidos de servicios y, fundamentalmente, la infraestructura vial estratégica como la Ruta Nacional 3.

Peligro de infraestructura y el Plan de Obras para la cuenca

Para evitar el deterioro irreversible del frente costero, el proyecto legislativo exige la formulación de un "Plan Federal Integral de Protección" en un plazo máximo de 120 días. Este plan contempla el inicio de obras de defensa marítima pesada, como la instalación de escolleras, espigones, muros de contención, estabilización de taludes y acantilados, y la eventual recuperación de playas.

Para sortear la actual parálisis de la obra pública nacional, el texto faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias de forma directa y a gestionar líneas de financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito, obligando al Estado a presentar informes trimestrales de avance.

Articulación en Caleta Olivia y respaldo de la UNPA

En el plano netamente territorial, el proyecto nacional empalma con las gestiones que viene encabezando el concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio. El edil impulsa desde el ámbito legislativo local la conformación de espacios de trabajo con especialistas para abordar la crisis ambiental que erosiona a la ciudad de El Gorosito.

Para garantizar que los trabajos se realicen bajo estándares rigurosos, el proyecto de Molina instruye la creación de un Mapa Nacional de Vulnerabilidad Costera. Para ello, se conformará una Mesa Interjurisdiccional que articulará al Estado nacional, los municipios, las provincias de Santa Cruz y Chubut, y sectores académicos clave como el CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).