Una profunda preocupación encendió las alarmas en la Patagonia sur y el entramado productivo de la Cuenca del Golfo San Jorge. A partir de finales de noviembre o principios de diciembre, el buque mercante de bandera chilena Danstar (capacidad de 1.389 toneladas) inaugurará una ruta comercial regular uniendo la ciudad trasandina de Punta Arenas con las Islas Malvinas, navegando a través del Estrecho de Magallanes.

El corredor, contratado por la Falkland Islands Development Corporation (el brazo económico de la ocupación ilegítima británica) con la naviera privada Easter Island, reducirá la distancia continental a menos de la mitad: un trayecto de 900 kilómetros frente a los 2.000 kilómetros que hoy cubren los barcos procedentes de Montevideo.

Aunque las autoridades magallánicas justificaron el flujo como un mero "negocio entre privados" que moverá más de 20 millones de dólares anuales, el impacto estratégico trasciende el rubro alimenticio e impacta directamente en los recursos naturales del mar argentino.

El soporte logístico para el proyecto petrolero Sea Lion

El punto más crítico para la industria energética regional es la composición de la carga. Además de víveres perecederos, el buque trasladará maquinaria pesada, madera, cemento y gas licuado. Para los centros de excombatientes (como el CECIM La Plata) y las organizaciones gremiales vinculadas a la actividad hidrocarburífera, la reapertura de este paso marítimo constituye el verdadero "cordón umbilical" para abastecer las operaciones offshore del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El avance británico sobre el crudo del Atlántico Sur no se oculta: la administración colonial extendió las licencias de producción de hidrocarburos con respaldo explícito de Londres, mientras Argentina mantiene un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuyas audiencias comenzarán este 10 y 11 de noviembre.

La utilización de puertos regionales cercanos abarata de forma drástica los costos operativos de la explotación no autorizada, debilitando el cerco logístico que históricamente intentó sostener nuestro país.

El proyecto de bloqueo en Tierra del Fuego y el debate legislativo

Frente a la inminente zarpada, la provincia de Tierra del Fuego —con jurisdicción territorial sobre el departamento Islas del Atlántico Sur— decidió pasar a la ofensiva. El secretario de Malvinas fueguino, Andrés Dachary, confirmó que impulsan una ley provincial para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas náuticas insulares. La norma prevé un régimen sancionatorio contundente: cualquier empresa que preste servicios a las islas sin el aval provincial será multada y quedará inhabilitada de operar comercialmente en el resto del territorio argentino.

En el Congreso de la Nación, bloques opositores presentaron proyectos para convocar de urgencia al embajador de Chile y exigir la aplicación estricta de la Ley 26.659, que penaliza penal y económicamente el soporte logístico a petroleras no autorizadas.

Sin embargo, a nivel de Cancillería nacional prevalece la cautela: amparados en los artículos del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la CONVEMAR, argumentan la imposibilidad de obstaculizar el "paso inocente" por el estrecho, dejando en evidencia una brecha entre la diplomacia central y el reclamo soberano de las comunidades patagónicas.

Fuente: Infobae.