La Cámara de Diputados de Santa Cruz envió al archivo el proyecto de prórroga de la Emergencia Hidrocarburífera. Tras abstenerse en la votación parlamentaria, el diputado provincial de la Coalición Cívica ARI, Pedro Muñoz, dialogó con El Caletense Radio y cuestionó el clima de confrontación política y gremial existente, advirtiendo que la provincia atraviesa una crisis productiva que exige respuestas urgentes.

Tratamiento con plazos vencidos y el impacto en la Cuenca del Golfo San Jorge

Durante la entrevista, Muñoz detalló las desprolijidades administrativas que rodearon al expediente: la normativa de emergencia había caducado el 20 de septiembre y, aunque el proyecto ingresó a la Legislatura en marzo, recién fue puesto en debate meses después, cuando los plazos ya estaban agotados.

Para el legislador, las disputas partidarias y gremiales, terminaron desvirtuando el eje central del debate. “Los papeles son una cosa, la realidad es otra”, sentenció, remarcando que tanto el sostenimiento de los puestos de trabajo como el declino en la producción hidrocarburífera siguen sin encontrar un plan de contingencia efectivo.
En esa línea, apuntó directamente contra el internismo dirigencial que atraviesa la provincia: “Estamos en campaña”, señaló, advirtiendo que las pujas electorales y sindicales desplazan la búsqueda de soluciones reales.

Críticas al SIPGER y la deuda de la Comisión de Concesiones en Santa Cruz

Otro de los puntos expuestos por el referente del ARI fue la falta de conformación de la Comisión de Seguimiento de las Concesiones de Hidrocarburos, un organismo creado por ley hace aproximadamente diez años. Según precisó, esa comisión tenía la facultad de auditar los contratos vigentes, exigir el cumplimiento de los planes de inversión y consideró que su funcionamiento habría permitido contar con herramientas de seguimiento ante el deterioro de la actividad petrolera provincial.

También cuestionó una interpretación errónea sobre los plazos de la prórroga y señaló al dirigente gremial del SIPGER, Carlos Monsalvo por haber sostenido que se trataba de una medida que se extendía durante todo el año y por calificarla de electoralista. Para el diputado, hubo un desconocimiento de lo que realmente se estaba tratando.

Designación del juez Carlos Alberto Albarracín

Por fuera de la agenda energética, el parlamentario también se refirió a la polémica votación que habilitó el pliego de Carlos Alberto Albarracín como juez de Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Muñoz explicó que mantuvo su voto positivo al no encontrar objeciones técnicas ni morales sobre el postulante.

Frente a los cruces y señalamientos hacia los diputados que modificaron su postura en la segunda oportunidad de tratamiento del pliego, el legislador defendió la legalidad del procedimiento parlamentario. Concluyó que cambiar el sentido del voto entre una sesión y otra es una facultad legítima dentro del reglamento, y pidió que las diferencias se discutan en el terreno de las responsabilidades políticas sin confundir a la ciudadanía con supuestas irregularidades administrativas.