El secretario general de SADOP Santa Cruz, Andrés Álvarez, solicitó la intervención directa del gobernador de la provincia, Claudio Vidal, ante la decisión de las autoridades del Instituto Aonikenk de Caleta Olivia de interrumpir el otorgamiento de becas para los hijos del personal docente. El reclamo, formalizado a través de una carta abierta, exige que el Estado provincial tome cartas en el asunto ante el incumplimiento de un acuerdo sectorial que rige desde el año 1985.

En diálogo con el programa Aquí y Ahora, Álvarez detalló que la crisis con la patronal se originó a finales de 2025, cuando la nueva administración de la institución argumentó motivos económicos para dejar de garantizar el beneficio, pretendiendo limitarlo a un descuento de apenas el 20% en la cuota mensual. Esta decisión fue rechazada de plano por el sindicato, que ya elevó las denuncias correspondientes tanto a las autoridades de la Secretaría de Trabajo como a la Justicia.

Los aportes del Estado al Instituto Aonikenk

Uno de los ejes centrales del reclamo de los docentes privados de la Zona Norte pone la lupa sobre el manejo de los fondos públicos. Álvarez fue contundente al señalar que el Estado provincial sostiene económicamente a la institución mediante el pago de subvenciones: los niveles inicial y primario reciben un porcentaje de ayuda, mientras que el secundario técnico cuenta con una subvención estatal del 100%.

A pesar de esta inyección de fondos provinciales, las familias caletenses que envían a sus hijos al Aonikenk abonan cuotas mensuales que rondan los $700.000. “Esa subvención es plata de los santacruceños”, sentenció el dirigente de SADOP, argumentando que este financiamiento obliga al Gobierno de Santa Cruz a auditar estrictamente el funcionamiento de la escuela, auditar sus números y garantizar que se respeten los derechos laborales de los trabajadores.

Familias docentes endeudadas y hostigamiento sindical

El conflicto actual golpea directamente a entre siete y ocho docentes de Caleta Olivia cuyos hijos asisten al establecimiento. Desde el gremio denunciaron una situación insostenible: las familias enfrentan reclamos por supuestas deudas que, según el cálculo de la institución, rondarían los cuatro millones de pesos por cada trabajador. Esta situación genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad escolar de los alumnos de cara al próximo ciclo lectivo.

Pese a que existen resoluciones previas en los ámbitos administrativo y judicial que ordenaron garantizar el beneficio, la patronal del Aonikenk no ha modificado su postura. Además, desde SADOP alertaron sobre presuntas prácticas de hostigamiento hacia los delegados gremiales y una marcada intransigencia al diálogo por parte de las autoridades escolares. Con la carta abierta en el despacho del Gobernador, el sindicato espera una respuesta política que ponga fin a la vulneración de los acuerdos laborales en el sector privado de la educación caletense.

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