El conflicto generado por la situación de Autofarma comenzó a encaminarse este miércoles con un principio de acuerdo que permitirá sostener las fuentes laborales de los trabajadores de las distintas farmacias que la empresa posee en Santa Cruz.

En diálogo con el programa Más de lo Mismo de El Caletense, Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, explicó que se trata de 13 establecimientos distribuidos entre Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz, Los Antiguos y El Calafate, que emplean a 141 trabajadores en Santa Cruz, a los que se suman otros 32 trabajadores en Tierra del Fuego. “Nos abocamos por expresa instrucción del gobernador Claudio Vidal a buscar un mecanismo de resolución para contener a los trabajadores en su lugar de trabajo”, explicó el secretario de Trabajo.

Durante la jornada se realizó una audiencia que se extendió hasta las 17 horas y luego continuaron las reuniones para avanzar sobre la situación. Finalmente, se alcanzó un principio de acuerdo en línea con lo conversado durante la mañana entre el gobernador y los próximos prestatarios del servicio.

Cuatro grupos asumirán las farmacias

Aravena aclaró que no se trata de un único nuevo operador, sino de cuatro grupos empresarios diferentes que asumirán progresivamente la operación de los establecimientos.

Entre los grupos que asumirán parte de la operación mencionó a Calpex, que se haría cargo de la farmacia de Los Antiguos, y a Prisma, además de otros dos grupos cuyos nombres no recordó durante la entrevista.

Según explicó, estos grupos ya desarrollan actividades dentro del rubro farmacéutico y cuentan con experiencia en la provincia.

Para dimensionar el impacto de la situación, Aravena explicó qué representa Autofarma en las localidades donde tiene presencia. Señaló que el grupo vinculado a Autofarma y Llaneza tuvo durante años una cantidad importante de comercios y que el cierre de los establecimientos anunciado el 14 de agosto tuvo un impacto significativo, tanto por la pérdida de puestos laborales como por el servicio que brindan las farmacias.

En localidades como Puerto Santa Cruz, Los Antiguos, Río Turbio y 28 de Noviembre, explicó, el impacto es aún mayor porque estos establecimientos no solamente funcionan como puntos de venta, sino que también son proveedores de medicamentos de alta complejidad, algunos de elevado costo y necesarios para pacientes con enfermedades crónicas.

Por ese motivo, uno de los objetivos del proceso es garantizar no solamente la continuidad laboral, sino también el sostenimiento de estos puntos de expendio de medicamentos.

La continuidad laboral está garantizada, pero el traspaso implica un proceso

Respecto del traspaso de las farmacias, Aravena explicó que existe una serie de procedimientos administrativos que deben completarse antes de que los nuevos operadores puedan asumir formalmente.

El proceso incluye el cambio de titularidad y distintas habilitaciones: comercial, sanitaria y de Bomberos, además de las gestiones correspondientes ante ARCA. Por lo tanto, el funcionario aclaró que la toma de operación no será inmediata.

Sin embargo, sostuvo que la garantía sobre los puestos laborales ya está dada a partir del compromiso asumido por los nuevos prestatarios. “Los nuevos prestatarios volvieron a ratificar el compromiso que habían asumido con el gobernador Vidal de tomar absolutamente a todos los trabajadores”, afirmó.

Además, anticipó que el próximo lunes, en Río Gallegos, se realizará una reunión con todas las partes, especialmente con los trabajadores, para formalizar ese compromiso. Los nuevos operadores se comprometieron a dejarlo por escrito.

La deuda salarial y el conflicto con el empleador

Uno de los principales obstáculos para resolver la situación de Autofarma estuvo relacionado con la deuda que mantiene la empresa con sus trabajadores. Aravena detalló que existen salarios adeudados correspondientes a junio, julio y agosto, además de una parte del aguinaldo. “Son créditos alimentarios que la gente necesita percibir”, remarcó.

A esto se suma la imposibilidad del empleador, vinculado al grupo Autofarma/Llaneza, de hacer frente a esas obligaciones debido a que tiene cuentas embargadas e inhibición de bienes.

La situación había generado distintos escenarios entre los trabajadores. Una parte importante se consideraba en situación de despido, mientras que también existía un grupo de alrededor de 60 trabajadores cuya situación laboral todavía debía determinarse, particularmente respecto de si continuaban en relación de dependencia y si correspondía considerar la causal de despido indirecto.

La audiencia realizada durante la jornada produjo un cambio en ese escenario. Según explicó Aravena, el empleador notificó a las partes que prescindía de los servicios de los trabajadores y los despedía, en función del anuncio realizado el 14 de agosto respecto del cierre de las farmacias y de la decisión de no continuar con la actividad.

A partir de esa definición, se aceleraron las negociaciones con los cuatro grupos empresarios que asumirán la operación.

El rol del Ministerio de Trabajo

Aravena explicó que la intervención del Ministerio de Trabajo se produjo a partir de una instrucción del gobernador Claudio Vidal para contener a los trabajadores y buscar una salida que permitiera recuperar las fuentes laborales.

Según detalló, el organismo fue más allá del procedimiento habitual y trabajó directamente en la articulación entre las partes.

Entre las acciones realizadas mencionó la convocatoria de audiencias, la cuantificación de los reclamos, la identificación de los trabajadores de cada localidad y el cálculo de las sumas adeudadas.

También señaló que se generaron mecanismos para afrontar parte de las obligaciones pendientes. En ese marco, indicó que se logró el pago de una proporción del aguinaldo y se trabajó sobre deudas vinculadas a la Caja de Servicios Sociales.

Otro de los objetivos fue generar el vínculo entre los trabajadores y quienes serán sus nuevos empleadores. En este proceso también tuvo participación Santa Cruz Puede, a través de la búsqueda y articulación con grupos empresarios que estuvieran en condiciones de hacerse cargo de los establecimientos.

Aravena explicó que no todas las empresas del rubro tienen capacidad para asumir nuevos locales, debido a las exigencias vinculadas con stock, droguería y funcionamiento de las farmacias. Por eso, remarcó que se trata de un proceso que todavía no terminó y que deberá continuar con los correspondientes traspasos, cambios de titularidad y habilitaciones.

Newmont-Cerro Negro: regularizaron nueve situaciones de seguridad e higiene

Durante la entrevista, Aravena también se refirió a la situación de Newmont en el proyecto Cerro Negro, luego de los conflictos y las inspecciones realizadas días atrás.

Explicó que actualmente funciona una mesa de trabajo integrada por los gremios de la actividad, la compañía y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de avanzar en la regularización de las situaciones detectadas.

Según detalló, ya fueron solucionadas distintas inconsistencias relacionadas con seguridad e higiene que desde el organismo habían sido consideradas riesgos potenciales para la vida y la salud de los trabajadores.

Uno de los casos mencionados correspondió a Bajo Mina, donde se dispuso el cese de actividades en algunas estocadas y en una rampa negativa debido a que, luego de una voladura, existía escasa ventilación.

Aravena explicó que la situación representaba un riesgo crítico para los trabajadores y que, después de las medidas adoptadas por la empresa, el sistema de ventilación fue regularizado. Por ese motivo, señaló que ese sector ya no se encuentra alcanzado por la medida de clausura.

Otro de los casos correspondió al laboratorio de procesos, donde se había detectado una filtración de agua cianurada.

Según relató el funcionario, la situación había provocado daños en el mobiliario y afectado el piso del lugar. Además del deterioro material, representaba un riesgo potencial para los trabajadores por el contacto con el agua contaminada. A partir de las medidas adoptadas, se realizó un cambio en el sistema para evitar que los trabajadores tengan contacto directo con el líquido.

En total, Aravena señaló que se dispusieron nueve ceses de actividades relacionados con distintas situaciones de seguridad e higiene. Algunas fueron solucionadas el mismo día, mientras que otras demandaron 24 o 72 horas, de acuerdo con los planes de trabajo presentados por la empresa.

El funcionario aclaró que todavía quedan cuestiones pendientes para continuar trabajando en la mesa, principalmente en materia de seguridad e higiene, aunque consideró que se trata de situaciones menos críticas que las inicialmente detectadas. También continúan pendientes aspectos vinculados con el régimen 90/10 y cuestiones de carácter convencional, donde existen diferencias entre trabajadores y empleador.

El vínculo de Newmont con el Gobierno

Consultado sobre si los cambios producidos en la administración de la empresa habían generado modificaciones en la forma de responder a los reclamos, Aravena señaló que desconoce si hubo cambios concretos en la estructura interna.

Sin embargo, sostuvo que sí observó un replanteo en la actitud de la operadora Newmont respecto de los trabajadores y de su relación con el Gobierno.

En ese sentido, afirmó que la empresa comenzó a adoptar acciones vinculadas con el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales, luego de que desde el organismo laboral se señalaran incumplimientos a esas normas.

Relevamiento en Punta Loyola por las condiciones de trabajo

Hacia el final de la entrevista, Aravena adelantó otro de los temas que forman parte de la agenda del Ministerio de Trabajo: un relevamiento en el complejo ferroportuario de Punta Loyola.

El procedimiento se realizará para determinar si las tareas que desarrollan los trabajadores pueden ser consideradas de carácter penoso y si generan un envejecimiento prematuro. Según explicó, el objetivo es reunir elementos que permitan evaluar las condiciones laborales y su impacto sobre los trabajadores del complejo.

Aravena sostuvo que, de comprobarse determinadas características, esto podría permitir que trabajadores del sector accedan a un régimen de retiro anticipado.

El relevamiento tendrá como antecedente el trabajo realizado durante el año pasado en la planta de procesamiento de Río Turbio.

El funcionario vinculó estas acciones con una mirada orientada a preservar la integridad y la salud de los trabajadores, tanto física como psíquica. “Cada vez que se gana un derecho a favor del laburante, lo tomamos como una cuestión de éxito en la gestión”, concluyó.