El abogado santacruceño Sergio Macagno presentó formalmente un pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad sobre la ampliación del máximo tribunal provincial.

La presentación alcanza a los vocales René Fernández, Fernando Basanta, Alicia Mercau y Paula Ludueña, quienes habían firmado en diciembre de 2025 la resolución que consideró inconstitucional la norma que ampliaba la composición del TSJ.

En declaraciones brindadas a InfoMedia24, Macagno aseguró que el fallo de la Corte Suprema resultó “muy ejemplar” y consideró que expuso posibles irregularidades en el accionar de los magistrados provinciales.

“El Tribunal había declarado inconstitucional una ampliación que apuntaba a descomprimir la cantidad de causas demoradas y de personas detenidas sin sentencia firme”, señaló.

El abogado sostuvo que, tras analizar la resolución del máximo tribunal nacional, advirtió elementos que —según su interpretación— podrían encuadrarse en causales de mal desempeño e incluso en posibles infracciones penales.

Entre las figuras mencionadas, hizo referencia a presunto abuso de autoridad, arbitrariedad, falsedad ideológica y prevaricato.

Además, vinculó la presentación con otra resolución previa relacionada con la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento provincial y cuestionó particularmente la designación de Fernando Basanta en ese esquema.

“Entiendo que existen elementos suficientes para investigar si hubo una falsedad ideológica en esa designación”, afirmó.

Macagno también sostuvo que los cuatro vocales habrían obstaculizado el normal funcionamiento del Tribunal Superior luego de la jura de los nuevos integrantes designados a partir de la ampliación impulsada por el Gobierno Provincial.

“Lo que hizo la Corte fue rechazar la inconstitucionalidad y ordenar la asunción de los nuevos jueces. Ahí también surge el debate sobre una posible incorrecta aplicación de la ley”, expresó.

Ahora, el planteo quedó en manos de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que deberá determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con el proceso de juicio político.

Según explicó el propio abogado, en caso de que la Legislatura habilite la investigación, deberá conformarse una sala acusadora con un plazo de 40 días para emitir dictamen. De prosperar el proceso, los magistrados podrían ser suspendidos mientras se desarrolla el procedimiento.

Por último, Macagno aclaró que la presentación no responde a cuestiones personales sino a una interpretación institucional del fallo de la Corte Suprema y del funcionamiento del Poder Judicial provincial.“Soy duro con el problema y suave con las personas. Lo que busco es que esta situación se esclarezca porque la sociedad tiene muchas preguntas”, manifestó.

Asimismo, recordó que en 2023 fue el candidato más votado para integrar el Consejo de la Magistratura y aseguró que su intervención también responde a esa representación institucional.

Fuente: Infomedia 24