Fue una reacción popular contra una acción de la Justicia Federal que puso en fragilidad a las medidas de bioseguridad instrumentadas por el gobierno santacruceño en consonancia con los municipios de la zona norte y sus respectivos COE para frenar la expansión de la pandemia del Coronavirus.

La Resolución dictada por la jueza Marta Yáñez había hecho lugar al recurso de amparo presentado por la empresa Exterrán Argentina SRL, por lo cual ordenó al Estado santacruceño y por extensión a las comunas de referencia, abstenerse se “prohibir, obstaculizar o interferir” el ingreso de personal de esa empresa procedente de Comodoro Rivadavia, para que realizar tareas en instalaciones de gas en yacimientos explotados por la operadora Sinopec, bajo el fundamento de ser trabajadores esenciales.

Si bien se sabe que esa disposición se flexibilizó al acordarse que los operarios pudieran ingresar a trabajar en territorio santacruceño previo realizar un periodo de cuarentena, aún está latente la posibilidad que se siente un precedente jurídico y otras empresas igualmente presenten recursos de amparo.

Varias comunas tenían previsto apelar el fallo judicial, pero finalmente delegaron esa acción legal a la Fiscalía de Estado de la provincia, aunque ello no frenó la caravana de protesta.

Además del Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, otros de los principales referentes de esa manifestación fue su par de Koluel Kaike, Tomás Cabral, los integrantes del COE de Pico Truncado, Carlos Gutiérrez y Maurio Coliboro; la diputada por pueblo de Caleta y Cañadón, Liliana Toro y el miembro de comisión directiva y principal dirigente del Sindicato Petrolero en Caleta Olivia, Pablo Carrizo.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La caravana se detuvo en las inmediaciones de las Plaza de los Compadres de la Independencia, donde Jorge Soloaga expresó ante medios periodísticos que la convocatoria a este tipo de movilización surgió de forma espontánea y tuvo su génesis en el principio fundamental “de resguardar la salud y la vida de las comunidades de nuestros territorios”.

Consideró además que más allá de las resoluciones que se adoptan en un despacho judicial, también debería tenerse en cuenta que hay decisiones de las comunidades que aprueban o reprueban esas determinaciones y en este caso la decisión de la gente “se basa en principios normativos que buscan resguardar la salud y la vida de la gente, sobre todo en el contexto de una pandemia que afecta a todo el mundo”.

No por algo, resaltó, el Estado nacional adoptó una serie de medidas preventivas al COVID 19 que replicaron los gobiernos provinciales y los municipios “e incluso las resguardan los trabajadores organizados, como el caso de los petroleros privados y su gremio que han realizado un despliegue sobrehumano y por ello vaya hacia ellos nuestra profunda gratitud”.

“Es por eso que esta caravana espontánea de vecinos, trabajadores y dirigentes políticos y de instituciones, no es ni más ni menos que una manifestación pacífica de quienes entendemos que por encima de cualquier especulación empresaria y económica, está la salud y la vida de la gente” reiteró.