La Justicia Federal de Rio Gallegos formalizo este jueves las acusaciones contra doce personas detenidas en el marco de una investigacion por presuntas maniobras de narcotrafico y lavado de activos. Las audiencias comenzaron durante la mañana y se extendieron hasta pasadas las 16:30, en una jornada que tuvo como protagonistas a nueve involucrados en Santa Cruz y otros tres en Buenos Aires.

Entre las personas alcanzadas por el proceso se encuentran el empresario Lazaro Baez y Claudia Insaurralde, quienes participaron mediante videoconferencia desde los lugares donde permanecen detenidos o a disposicion de la Justicia. La actividad judicial se desarrollo en dos instancias separadas, una relacionada con la presunta organizacion dedicada al transporte y comercializacion de estupefacientes y otra vinculada con posibles maniobras de lavado de activos.

El expediente principal comenzo hace aproximadamente once meses y busca determinar la existencia de una estructura dedicada al traslado y distribucion de drogas. En paralelo, una segunda investigacion, iniciada hace alrededor de dos meses, apunta a establecer si existieron operaciones destinadas a administrar, explotar o poner en circulacion bienes que podrian tener un origen ilicito.

Durante las audiencias, el fiscal federal Julio Zarate expuso ante el juez de garantias Claudio Vazquez los hechos atribuidos a cada uno de los investigados, las calificaciones legales provisorias y el grado de participacion que la Fiscalia considera que habria tenido cada persona. Tambien presento los elementos reunidos durante los meses de investigacion y los procedimientos realizados recientemente.

Uno de los principales ejes de la pesquisa por narcotrafico esta relacionado con el presunto uso de camiones pertenecientes a una empresa transportista para trasladar cocaina. De acuerdo con la hipotesis fiscal, esa modalidad se habria utilizado al menos desde diciembre de 2025. Los investigadores buscan establecer como funcionaba la logistica, quienes habrian intervenido y cual era el destino de las sustancias.

Otro punto bajo investigacion es un lavadero de automoviles ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Rio Gallegos, que habria sido utilizado como posible lugar de distribucion. La eventual vinculacion del establecimiento con la estructura investigada forma parte de las hipotesis que la Fiscalia debera respaldar mediante las pruebas incorporadas al expediente.

La segunda causa tiene un componente patrimonial y apunta a determinar si existio una organizacion destinada a administrar bienes vinculados con Baez. La investigacion busca reconstruir posibles movimientos economicos, identificar a quienes habrian intervenido en esas operaciones y establecer si se utilizaron mecanismos para ocultar, transferir o disponer de activos que debian permanecer sujetos a decisiones judiciales.

Las formalizaciones se produjeron luego de un importante despliegue operativo realizado el lunes 9 de noviembre, cuando se concretaron 27 allanamientos simultaneos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Vazquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Rio Gallegos y de la Procuraduria de Criminalidad Economica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los operativos incluyeron domicilios particulares, propiedades vinculadas al empresario, establecimientos rurales, locales comerciales, inmobiliarias y el lavadero de autos investigado. Las medidas se extendieron por Rio Gallegos, El Calafate y distintos establecimientos de la provincia, ademas de domicilios y otros puntos de interes en territorio bonaerense.

Uno de los procedimientos tambien se realizo en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permanece detenido Baez. La intervencion formo parte de las medidas destinadas a profundizar la investigacion sobre el patrimonio y las posibles operaciones economicas bajo sospecha.

Al cierre de las audiencias, las doce personas quedaron formalizadas en el marco de las investigaciones. Ademas, trascendio que existirian otros involucrados alcanzados por distintas restricciones judiciales, entre ellas arrestos domiciliarios e impedimentos para salir del pais.

La situacion procesal de cada investigado debera analizarse de manera individual y las acusaciones mantienen caracter provisorio. La investigacion continua abierta y no se descartan nuevas medidas de prueba ni otros procedimientos a partir del analisis de la documentacion y los elementos secuestrados durante los allanamientos.