La Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz formalizó un sumario administrativo contra la Municipalidad de Río Gallegos y la empresa Nueva Santa Cruz S.A.S., concesionaria de la gestión de residuos sólidos urbanos en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 40, en la zona de Punta Loyola.

A través de la Disposición N° 320-SEA/2026, la autoridad provincial aplicó una multa de $ 46.692.500 tras comprobarse deficiencias operativas severas y una grave afectación a los campos productivos circundantes.

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En la inspección del 17 de diciembre de 2025 (Acta N° 14/2025/SEA/ZS) se constató que se operaba en la fosa N° 2 con presencia de residuos frescos en el sector destinado a desechos frigoríficos, además de detectarse "contenedores con hidrocarburos anexo a la instalación" y "un derrame en el suelo".

Ante esto, se requirió a Nueva Santa Cruz "evaluar alternativas para evitar la dispersión de residuos ante inclemencias climáticas", "acotar el tiempo de operación de la fosa frigorífica y remediar los derrames de hidrocarburos".

Posteriormente, en una nueva auditoría del 5 de marzo de 2026 (Acta N° 13/2026/SEA/ZS), se constató que la firma, "al solicitar se exhiba la Declaratoria de Impacto ambiental, la habilitación comercial y el Certificado de aptitud ambiental, manifiesta no poseerlos".

El relevamiento técnico evidenció que "la base del módulo tiene retazos de geomembrana que van consiguiendo de las petroleras", que "no se observa compactación de residuos mediante el empleo de topadoras" y que "en el módulo operativo no se observa recolección de líquidos lixiviados, ni infraestructura para el venteo de biogás".

Asimismo, se advirtió que "se evidencian fosas destinadas a residuos orgánicos provenientes de frigoríficos sin inertizar con cal ni cobertura" y que "no cuentan con recinto de residuos peligrosos, se observan manchas de hidrocarburos en torno al tanque de almacenamiento de combustible".

A raíz de estas anomalías y de las denuncias por afectaciones a los campos de pastoreo de la Estancia Punta Loyola, sucesivos informes técnicos constataron de manera fehaciente "una grave e irregular pluma de dispersión de residuos plásticos" en terrenos productivos lindantes.

Desde el punto de vista jurídico, el dictamen legal remarcó que la empresa demostró "una escasa voluntad de adecuación a las directrices de la responsabilidad social empresaria" y que sus incumplimientos, "por su extensión y gravedad, sin lugar a dudas constituyen una actitud por completo desaprensiva del cuidado del ambiente y del respeto a la normativa legal vigente".

Como resultado del sumario, la normativa provincial no sólo impuso la sanción económica y la inscripción de la firma en el Registro Provincial de Infractores Ambientales, sino que estableció mandatos de cumplimiento estricto.

Además de la multa aplicada, la Secretaría de Estado de Ambiente intimó formalmente a la empresa Nueva Santa Cruz a cesar de manera inmediata con la disposición y dispersión de plásticos, adoptando las medidas operativas necesarias en el frente de descarga para detener la fuga, y a presentar un "Plan de Mitigación, Limpieza e Intervención de emergencia para la recolección integral de los residuos dispersos en la zona afectada de la Estancia Punta Loyola".

Del mismo modo, se le exige finalizar los procedimientos técnicos para obtener la Declaratoria de Impacto Ambiental y el Certificado Ambiental Anual en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de acciones judiciales y haciendo extensiva la responsabilidad solidaria a los directores, administradores y gerentes de la sociedad.

Conclusión
El escenario en el relleno sanitario y el vaciadero municipal de Río Gallegos configura una compleja crisis ambiental y judicial en noviembre de 2026. La afectación en la Estancia Punta Loyola cobra una dimensión productiva crítica, ya que la dispersión constante de plásticos por los fuertes vientos patagónicos abarca más de 5.500 hectáreas de pastoreo.

Esta contaminación pone en peligro la ganadería local y altera el metabolismo de los animales por la ingestión de microplásticos, lo que derivó en una drástica reducción del ganado en el establecimiento, que pasó de más de 1.000 ovejas a un total aproximado de 600. A este cuadro se suma la caducidad del marco regulatorio del predio.