Un niño que había ingresado a una clínica privada de General Roca, en Río Negro, para ser operado por un grave cuadro intestinal terminó sufriendo quemaduras severas durante la intervención. A raíz de las lesiones, debió atravesar un prolongado proceso de recuperación que incluyó tratamientos especializados y un injerto de piel en un centro de alta complejidad de Buenos Aires.

Según se reconstruyó durante el proceso judicial, la cirugía permitió resolver la patología intestinal que ponía en riesgo la salud del menor. Sin embargo, al finalizar el procedimiento, el equipo médico detectó quemaduras provocadas por un dispositivo utilizado dentro del quirófano.

Las heridas complicaron la recuperación del paciente y obligaron a realizar curaciones intensivas. Posteriormente, fue derivado a un establecimiento especializado en Buenos Aires, donde recibió un injerto de piel. Si bien logró recuperarse de la intervención original, las lesiones dejaron cicatrices permanentes y consecuencias emocionales.

Frente a lo ocurrido, los padres del niño iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el cirujano que había realizado la operación y contra la clínica. Luego de analizar las pruebas, los testimonios y las pericias incorporadas al expediente, el fuero Civil de General Roca resolvió hacer lugar parcialmente al reclamo.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la diferenciación de responsabilidades dentro del quirófano. Durante el juicio se acreditó que la colocación y el control de la placa del electrobisturí que provocó las quemaduras correspondían al personal auxiliar. Por ese motivo, la magistrada consideró que no existían elementos para responsabilizar al cirujano, quien había demostrado que la intervención era necesaria y que no había actuado con negligencia.

En cambio, la institución médica fue condenada junto con su aseguradora. La jueza fundamentó la decisión en el deber de seguridad que tienen los establecimientos asistenciales respecto de los pacientes y en los riesgos asociados a los equipos tecnológicos utilizados durante las prácticas médicas.

La indemnización contempla distintos conceptos: el daño moral sufrido por el niño, las consecuencias estéticas de las lesiones, los gastos de tratamiento psicológico y los desembolsos por traslados y medicamentos.

No obstante, el tribunal rechazó reconocer una suma por incapacidad sobreviniente, debido a que las pericias no acreditaron que las cicatrices provocaran una limitación concreta para sus actividades cotidianas o productivas futuras.

De esta manera, la resolución estableció la responsabilidad civil de la clínica por las lesiones ocasionadas durante la atención, pero eximió al profesional que llevó adelante la cirugía al no encontrar pruebas de mala praxis.