La muerte de Gilmar Claros Ferrel en la Comisaría Séptima de Río Gallegos continúa bajo investigación. En diálogo con El Caletense Radio, el abogado Matías Solano sostuvo que existen elementos que apuntan a una muerte provocada por terceros y cuestionó la primera versión sobre lo ocurrido dentro de la dependencia policial.

Según relató el letrado, todo comenzó con una discusión verbal entre Ferrel y su pareja. Uno de los hijos de la mujer se asustó y pidió ayuda en un gimnasio cercano. A partir de ese episodio, una vecina llamó al 911 y efectivos policiales se presentaron en la vivienda.

Solano afirmó que, cuando llegó la Policía, la discusión ya había terminado. Sin embargo, denunció que los efectivos actuaron con violencia contra Ferrel, lo golpearon y lo sujetaron del cuello. También señaló que su pareja intentó intervenir para detener la agresión, pero fue apartada por otra agente mientras continuaba el procedimiento.

El hombre fue esposado y trasladado a la Comisaría Séptima. De acuerdo con el abogado, el informe preliminar de la autopsia estableció que la causa de muerte fue un estrangulamiento, en contradicción con la primera explicación que indicaba que se había descompensado por causas naturales.

Cinco policías bajo sospecha
Solano indicó que hay cinco personas sospechadas en el expediente, entre efectivos que participaron del procedimiento en la vivienda y personal que se encontraba de guardia en la comisaría. Aclaró que todavía deben determinarse las responsabilidades individuales y la participación que pudo tener cada uno.

La investigación también busca establecer las circunstancias exactas de la muerte. El abogado explicó que el informe forense definitivo todavía no estaba incorporado al expediente y que solicitó medidas de prueba adicionales para documentar otras posibles lesiones en el cuerpo.

Además, advirtió que la versión inicial sobre una muerte por causas naturales podría abrir otra línea de investigación si se demuestra que hubo un intento de ocultar lo sucedido. No obstante, aclaró que esa posibilidad deberá ser evaluada a partir de las pruebas reunidas.

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La familia espera poder trasladar el cuerpo a Bolivia
Otro de los puntos que atraviesa a la familia es la posibilidad de repatriar los restos de Ferrel a Bolivia, donde desean darle sepultura junto a sus padres y otros familiares.

Solano explicó que, por el momento, el cuerpo debe permanecer a disposición de las partes para realizar las medidas de prueba que sean necesarias, incluidas las que puedan solicitar las defensas de los sospechosos. Una vez cumplidas esas diligencias, se podrá avanzar con su liberación.

El abogado también confirmó que ya se realizaron algunas audiencias testimoniales y que están previstas nuevas declaraciones. Sin embargo, remarcó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que todavía queda un largo camino para identificar a los responsables y determinar las consecuencias penales.

Finalmente, Solano sostuvo que el objetivo de la querella es que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables sean condenados. La muerte de Ferrel, de 38 años, vuelve a poner en discusión las responsabilidades del Estado y los mecanismos de control sobre el accionar policial en las dependencias de Santa Cruz.