Santa Cruz atraviesa una semana de definiciones judiciales y legislativas que impactan de lleno en la soberanía de sus recursos naturales, el financiamiento de los municipios y el sostenimiento del empleo en los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Por un lado, el Juzgado Federal de Río Gallegos ordenó frenar la inscripción de la transferencia de tierras en la Península de Magallanes a una empresa de Emiratos Árabes Unidos mientras el planteo de inconstitucionalidad se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En paralelo, la diputada provincial Agostina Mora adelantó que este jueves la Cámara de Diputados retomará el debate por la prórroga de la emergencia hidrocarburífera e insistió en su proyecto para reformar la Ley de Coparticipación Municipal.

La legisladora cuestionó la postura del Gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal respecto a la operación inmobiliaria en la zona sur y reclamó que cualquier transacción respete de forma estricta las restricciones legales y ambientales vigentes en la provincia.

Amparo en el Juzgado Federal de Río Gallegos por la Península de Magallanes

La medida cautelar que paralizó la venta de tierras en la Península de Magallanes se originó a partir de una presentación judicial impulsada por Agostina Mora junto a otros diputados provinciales. El recurso solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno nacional que derogó la Ley de Tierras Rurales.

A raíz de esta acción, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dictó una resolución que impide la inscripción registral de las transferencias de dominio a favor de los capitales extranjeros hasta tanto se expida el máximo tribunal del país. Según señaló la diputada, el gobernador Claudio Vidal había manifestado previamente su intención de avanzar con la operación pese a las objeciones jurídicas y ambientales planteadas en la provincia.

Emergencia hidrocarburífera y el impacto de los despidos en la Cuenca

De cara a la sesión ordinaria prevista para este jueves en el recinto de Río Gallegos luego de que el encuentro parlamentario anterior fuera suspendido en medio de fuertes tensiones por el temario, uno de los puntos centrales para Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco será el tratamiento de la prórroga de la emergencia hidrocarburífera.

Al respecto, Mora advirtió que antes de extender la vigencia de esta herramienta legal, el Poder Ejecutivo provincial debe rendir cuentas ante la Legislatura sobre qué resultados concretos arrojó su implementación hasta la fecha. El planteo cobra especial relevancia en la Zona Norte de Santa Cruz, luego de que referentes del sector petrolero cuestionaran la utilidad real de la emergencia para frenar la ola de despidos y la caída de actividad en los yacimientos convencionales.

Reforma de la Coparticipación: regalías mineras y 17,66% para los municipios

Otro de los ejes que impacta de manera directa en las arcas de las comunas santacruceñas, incluida la Municipalidad de Caleta Olivia y las comisiones de fomento de la región, es el proyecto de reforma del régimen de Coparticipación Provincial defendido por la legisladora.

La iniciativa parlamentaria propone modificar el esquema actual de distribución de fondos bajo cuatro pilares centrales:

Incorporación de regalías mineras: sumar los ingresos que percibe la provincia por la actividad minera a la masa coparticipable general que se reparte entre las localidades.

Coeficiente único del 17,66%: establecer este porcentaje fijo para la distribución de la masa coparticipable hacia los municipios.

Garantía salarial: implementar mecanismos de transferencia automática destinados a que las comunas puedan afrontar en tiempo y forma el pago de los sueldos de los trabajadores municipales.

Control institucional: crear un Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal para transparentar el reparto de fondos.

Según explicó Mora, el objetivo central del proyecto es eliminar la discrecionalidad política en los giros del Ejecutivo provincial y otorgar previsibilidad financiera a las administraciones locales frente a la creciente demanda de servicios básicos y asistencia social.

Acá la nota completa