En Caleta Olivia, la situación habitacional y procesal de la reconocida vecina Isabel "Pocha" Flores, de 89 años y viuda de Avellaneda, sumó un capítulo complejo luego de que la jueza de primera instancia Mónica Navarrete dictara una resolución adversa en una de las cuatro causas abiertas por la presunta estafa en la venta de su histórica vivienda. Según confirmó su representante legal, el abogado Daniel Aybar, en diálogo con El Caletense Radio, aunque el juzgado tuvo por probada la falsificación de una cédula de notificación clave dentro del proceso sucesorio, resolvió que dicha irregularidad no revestía la entidad suficiente para anular las actuaciones posteriores.

La maniobra probada y la exclusión de un heredero

El eje de este planteo judicial se remonta al trámite de sucesión, en el que figuraban tres herederos legítimos: la propia Pocha Flores y sus hijos. De acuerdo con la documentación y los testimonios aportados en el expediente, la irregularidad se configuró al momento de notificar a Daniel Avellaneda para que pudiera presentarse a estar a derecho.

"Eran tres herederos: la señora Pocha, el hijo José y el hijo Daniel Avellaneda. Este último vive en España desde el año 2007 y, para poder dejarlo afuera de la sucesión, el señor Avellaneda José mintió en el domicilio donde vivía su hermano y dijo que residía en una vivienda del barrio Güemes de Caleta Olivia. Esto quedó probado por los testimonios y por la documental que se presentó en la causa; la jueza nos dio lugar y acreditó el hecho de que es falsa la notificación, pero dijo que no tiene la suficiente identidad como para desestimar todos los actos procesales".

Ante este criterio del juzgado de primera instancia, el letrado presentó un recurso de apelación para que la Cámara de Apelaciones, integrada por un tribunal colegiado, revise la sentencia. "Vamos a seguir luchando para que Pocha no quede en la calle", remarcó el abogado.

Cuatro expedientes en simultáneo y presión sobre la vecina de 89 años

Aybar señaló además que existen otras tres causas relacionadas con la vivienda. Una de ellas cuestiona por presunta falsedad la escritura de cesión de derechos que Pocha habría firmado sin conocer el alcance del documento. También existe una causa penal en la que se prevé incorporar nuevas pruebas y una demanda de reivindicación iniciada por la actual adquirente del inmueble, que reclama la restitución de la vivienda.

“Hay cuatro demandas y una de ellas es una reivindicación del inmueble para que Pocha abandone la casa”, explicó y acotó que “le pidieron que no pinte su casa por fuera, que no tiene derecho porque no es de ella”.

Asimismo, sostuvo que, tras la venta inicial, la casa fue transferida posteriormente a una segunda persona y cuestionó la validez de esas operaciones. En ese marco, afirmó que la defensa sostiene que no hubo una efectiva entrega del inmueble y que existen elementos para cuestionar la buena fe de los compradores.

Medida cautelar vigente y reserva ante la Corte Suprema

En el plano familiar, Aybar apuntó contra el accionar de José Avellaneda en perjuicio del patrimonio de su madre. "Las cosas que le ha hecho firmar a su madre no tienen nombre", cuestionó el abogado, y agregó que, "no tuvo remordimientos".

Por el momento, Pocha Flores continúa residiendo en su hogar bajo el resguardo de una medida cautelar de no innovar dictada con anterioridad. La defensa anticipó que agotará todas las instancias recursivas y dejó formulada la reserva del caso para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.