En una entrevista radial, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, explicó el proceso administrativo que permitió avanzar con la iniciativa, recordó que el Plan de Manejo de la Península de Magallanes fue aprobado en 2022, durante la gestión anterior, y detalló las condiciones ambientales y los controles previstos para el desarrollo del proyecto.

Garay cuestionó la desinformación en torno al proyecto y manifestó su malestar por las versiones que, según sostuvo, distorsionan el trabajo del organismo. “Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente”, afirmó. Además, defendió el accionar de la gestión actual, que busca cuidar los recursos naturales de la provincia y garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con la normativa vigente.

Una normativa aprobada en la gestión anterior
Garay recordó que el Plan de Manejo de la Península de Magallanes fue aprobado en 2022, durante la gestión anterior, luego de un proceso que incluyó estudios, modificaciones y una audiencia pública.

En ese marco, explicó que la propuesta inicial de la empresa no se ajustaba a las condiciones establecidas en el plan, por lo que el CAP solicitó modificaciones. La empresa presentó distintas alternativas hasta alcanzar una propuesta que se adecuara a la normativa vigente.

El titular del organismo remarcó que la aprobación del proyecto se realizó dentro de ese marco regulatorio y que la gestión actual exigió los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento.

Garay también remarcó que los inmuebles afectados corresponden al dominio privado desde hace más de seis décadas. Precisó que la Provincia transfirió los títulos de propiedad en la década de 1960, por lo que el Estado provincial no posee responsabilidad directa sobre la titularidad del suelo.

Aclaró que, de las 38.900 hectáreas que integran el área protegida de la Península de Magallanes, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso permanece bajo la órbita pública, mientras que el resto pertenece a privados.

Inversión privada con controles ambientales

El proyecto contempla el desarrollo de un complejo turístico en un predio privado de 20 hectáreas, dentro de una península que abarca unas 38.900 hectáreas. La iniciativa prevé la construcción de 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 camas, además de espacios comunes y senderos.

Garay señaló que la empresa presentó el estudio de impacto ambiental en 2023 y que obtuvo su aprobación en 2024, tras la intervención de los organismos correspondientes.

También destacó que el desarrollo deberá cumplir con exigencias específicas en materia de tratamiento de efluentes y prevención de incendios. El CAP realizará controles para verificar que las obras respeten las condiciones autorizadas y la normativa ambiental.

Garay explicó que se trata de una inversión privada que busca ampliar la oferta turística de El Calafate y atraer a un segmento de visitantes que actualmente cuenta con pocas propuestas de este tipo en la localidad.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto puede generar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica, siempre bajo el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas para proteger el entorno natural.

El CAP presentará el expediente ante la Legislatura

Ante el pedido de informes de la Cámara de Diputados, Garay confirmó que el organismo concurrirá para brindar explicaciones y presentar la documentación correspondiente.
La exposición contará con técnicos de Áreas Protegidas y de los equipos legales y técnicos del CAP, quienes presentarán el expediente y responderán las consultas.

En ese marco, Garay destacó la política de desarrollo turístico impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a promover inversiones, generar oportunidades de empleo y fortalecer la actividad económica, con el compromiso de proteger el patrimonio natural de Santa Cruz.