Una mujer de 88 años, que durante décadas se desempeñó como partera en el área de maternidad de un hospital público de Rosario, fue imputada en el marco de una investigación federal por presunta supresión y alteración del estado civil y la identidad de una menor de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público.

La investigación fue formalizada por la fiscal federal Soledad García, quien le atribuyó haber confeccionado en 1970 un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba. Según la acusación, la documentación habría consignado como padres biológicos a dos personas que no tenían vínculo de sangre con la niña.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el caso podría formar parte de una práctica desarrollada durante el período en que la acusada trabajaba en maternidad. García afirmó que “entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero” y señaló que existen al menos cinco personas que denunciaron haber sufrido la supresión de su identidad.

Uno de los casos que dio origen a la pesquisa corresponde a una mujer que durante años tuvo dudas sobre su origen biológico. En 2012 solicitó un estudio de ADN a quien figuraba como su madre en la documentación, cuyo resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas.

A partir de esa situación, la denunciante presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. Según la investigación, la identidad de la mujer habría sido alterada mediante una maniobra que incluyó la confección de un certificado de nacimiento con información presuntamente falsa sobre su filiación y el lugar donde habría ocurrido el nacimiento.

La Fiscalía también incorporó testimonios relacionados con otros posibles casos y analiza si existió un mecanismo similar en distintos nacimientos registrados durante el período investigado. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los hechos podrían haber generado consecuencias sobre el derecho a la identidad que se mantienen hasta la actualidad.

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la extracción compulsiva de ADN de la imputada. A pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz autorizó la medida para determinar si existe un vínculo biológico entre la mujer y una de las denunciantes, quien fue criada como hija de la propia acusada.

La defensa había planteado la prescripción de la acción penal, pero el magistrado rechazó el planteo y tuvo por formalizada la investigación. En su resolución consideró que se trata de un delito continuado y sostuvo que sus efectos permanecen mientras no se establezca la identidad de las víctimas.

El juez también dispuso medidas cautelares que no implican prisión. La acusada deberá presentarse cada 15 días ante el organismo de control correspondiente, entregar su pasaporte, tendrá prohibido salir del país y mantener contacto con las víctimas, además de informar cualquier modificación de domicilio.

La investigación continúa con el análisis de documentación, testimonios y estudios genéticos que podrían aportar nuevos elementos sobre los casos denunciados. Mientras tanto, el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario habilitó un canal de comunicación para recibir información relacionada con los hechos investigados y brindar asistencia a posibles damnificados.