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Desde el 5 de septiembre comienza a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil
A partir del 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que introduce modificaciones en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. En Santa Cruz, desde la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia se trabaja junto al Poder Judicial y los municipios para preparar su implementación.
- Por El Caletense | 01/09/2026
El secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, explicó que la nueva normativa contempla la posibilidad de que los adolescentes a partir de los 14 años sean considerados penalmente responsables, aunque remarcó que el alojamiento en dispositivos penales debe ser considerado como una medida de último recurso. “Para no asustar a los adolescentes, el último recurso que se toma es que ese adolescente sea alojado en los dispositivos penales juveniles”, señaló Quiroga durante una entrevista radial.
Según explicó el funcionario, frente a una situación de conflicto con la ley pueden aplicarse distintas medidas de acuerdo con la gravedad del hecho. Entre ellas se encuentran medidas socioeducativas, tareas comunitarias, amonestaciones y acciones destinadas a reparar el daño ocasionado.
Para los casos considerados graves o gravísimos, como homicidios, secuestros, abusos sexuales o robos violentos, la normativa contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Quiroga destacó que Santa Cruz presenta una situación particular frente a otras jurisdicciones debido a la baja cantidad de adolescentes involucrados en delitos graves. En ese sentido, indicó que, según información trabajada con integrantes del Poder Judicial, durante los últimos 30 años habría existido un solo caso de un menor involucrado en un delito de esas características.
Actualmente, la provincia cuenta con un dispositivo penal juvenil ubicado en Río Gallegos, que en este momento no tiene adolescentes alojados.
Sin embargo, desde el Poder Judicial y las defensorías se planteó la necesidad de contar con un espacio similar en la zona norte. Quiroga confirmó que se está trabajando junto al municipio de Caleta Olivia y la Comisión de Fomento de Cañadón Seco para avanzar en la posibilidad de establecer un dispositivo preventivo en esa región.
El funcionario remarcó además que la aplicación del nuevo régimen continuará atravesada por las normas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel provincial como nacional.
En este marco, equipos de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia estarán en Caleta Olivia los días 7 y 8 de septiembre, donde brindarán una capacitación sobre la implementación de la nueva normativa.
La actividad estará a cargo de profesionales vinculados al dispositivo penal juvenil y contará con la participación de autoridades locales de Niñez. El objetivo será explicar los alcances del nuevo régimen y brindar herramientas para su abordaje.
Quiroga puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar, especialmente en adolescentes de entre 13 y 16 años, etapa en la que comienzan a tener una mayor participación en redes sociales.
Advirtió que detrás de algunas plataformas pueden existir comunidades con dinámicas violentas y que determinados adolescentes, especialmente quienes atravesaron situaciones de violencia intrafamiliar, bullying u otras vulneraciones, pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. “Los padres tenemos la responsabilidad de estar atentos cuando nuestros hijos cambian sus conductas, cuando están mucho tiempo en soledad, cuando no se comunican o permanecen demasiado tiempo conectados con los celulares”, sostuvo.
En ese sentido, recomendó prestar atención también a cambios en el rendimiento escolar y en las conductas cotidianas, y acompañar a los adolescentes antes de que determinadas situaciones puedan agravarse.
Finalmente, Quiroga invitó a la comunidad de Caleta Olivia a participar de las jornadas de capacitación, al considerar que conocer el nuevo régimen y sus herramientas resulta fundamental para evitar alarmas innecesarias y fortalecer las estrategias de prevención y protección de derechos.
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