En dialogo con El Caletense Radio, la secretaria general de Adosac Caleta Olivia, Vanina Galván cuestionó el incentivo anunciado por el Gobierno provincial, anticipó un alto acatamiento a la medida de fuerza convocada por CTERA y confirmó que el gremio analiza acciones legales por los controles vinculados al derecho de huelga. También se refirió al conflicto de supervisores por el uso de reloj biométrico para registrar asistencia.

Galván, explicó que el paro nacional de 24 horas responde al reclamo por la convocatoria a una paritaria nacional, la restitución del FONID y una mayor inversión en infraestructura escolar, además del rechazo al ajuste que atraviesa la educación pública y señaló que esperan un alto nivel de adhesión. “Estuvimos haciendo un relevamiento en algunas escuelas, el acatamiento va a ser alto”, expresó.

Respecto al pago extraordinario de $ 500 mil anunciados para docentes que no registraron inasistencias durante el primer semestre, la dirigente lo definió como un mecanismo de presión hacia los trabajadores y consideró que el Gobierno provincial busca generar divisiones dentro del sector. "Tiene un tinte extorsivo, tiene un tinte de confrontar y reducir el conflicto", afirmó.

En este sentido mencionó que, tras el anuncio, varios docentes anticiparon que rechazarían el pago extraordinario, alejando la intención del gobierno de querer generar divisiones. “Muchos compañeros que tomaron la decisión de no adherirse a la medida de fuerza, han manifestado que si llegan a darle este incentivo se va a rechazar a través de nota o se va a repartir entre los compañeros que, si sostuvieron las medidas de fuerzas”, indicó.

Asimismo, resaltó que la medida, que se abonará por única vez, alcanzaría solo a una parte reducida del personal, ya que, durante los primeros meses del presente año, la meda de fuerza llevada adelante por el gremio rondó el 95% de adhesión.

Galván cuestionó que el Ejecutivo argumentara durante el conflicto salarial que no contaba con recursos para mejorar los sueldos y consideró que la aparición de fondos para financiar el incentivo demuestra que existían alternativas para fortalecer la recomposición salarial. “Evidentemente el Gobierno quería que este conflicto se extienda”, aseguró.

Respecto de las nuevas disposiciones nacionales vinculadas a la esencialidad del servicio educativo y los controles durante la jornada de paro, además de la decisión del gobierno provincial de no devolver de ahora en mas los días de paro, Galván adelantó que el sindicato evalúa presentar un amparo judicial, remarcando que el “derecho a huelga es un derecho constitucional”. Asimismo, subrayó que estas medidas de control anunciadas "tienen que ver con una cuestión de apriete, de miedo, de querer romper con el derecho a huelga”.

Consultada por las declaraciones de la Directora Regional de Educación, Magdalena Paredes, quien la cuestionó por la falta de dialogo, Galván aseguró que nunca mantuvieron reuniones institucionales porque las gestiones del sindicato actualmente las están canalizando directamente con los supervisores a cargo de cada establecimiento. También defendió la publicación periódica de los problemas edilicios en las escuelas y afirmó que cada informe surge de recorridas realizadas por el gremio y de denuncias efectuadas por equipos directivos, docentes y familias.

Finalmente, respecto al conflicto que mantienen seis supervisores a quienes se les descontó el salario por negarse a registrar asistencia mediante reloj biométrico. Señaló que el uso de datos biométricos requiere el consentimiento de los trabajadores y cuestionó que no exista una resolución específica que regule su implementación. “Solo hay una nota múltiple donde se informa el uso, no hay ninguna resolución”, afirmó, al tiempo que acotó que los abogados del gremio están trabajando en el tema.

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