El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema energético, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y reordenar los subsidios. La iniciativa incluye modificaciones al régimen de Zona Fría y pone en duda la continuidad de la ampliación vigente desde 2021, que actualmente beneficia a millones de hogares en todo el país.

El plan contempla la creación de un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que limitaría el acceso a descuentos en el servicio de gas únicamente a usuarios que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y residan en zonas de bajas temperaturas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posible derogación de aspectos clave de la Ley 27.637, que amplió el alcance del beneficio a provincias del centro y norte argentino. De avanzar la iniciativa, el esquema volvería a concentrarse principalmente en la región patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la zona de la Puna.

Esto implicaría que el descuento en la tarifa —que actualmente oscila entre el 30% y el 50%— dejaría de ser generalizado para millones de usuarios incorporados en los últimos años. En ese escenario, solo podrían mantener el beneficio quienes cumplan con los criterios del nuevo sistema.

Según estimaciones, la ampliación de 2021 elevó la cantidad de beneficiarios de unos 950.000 a cerca de 4 millones de hogares, lo que representa una porción significativa de los usuarios residenciales de gas en Argentina. De aprobarse la reforma, gran parte de ese universo quedaría excluido.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a corregir distorsiones del sistema actual, al considerar que el esquema ampliado incluyó zonas sin condiciones climáticas extremas, generando un desequilibrio en el fondo destinado a subsidios.

Sin embargo, distintos sectores advierten sobre el impacto que podría tener la medida en el costo de vida, especialmente en un contexto económico complejo. La eventual quita de subsidios se sumaría a los aumentos en tarifas energéticas, lo que podría afectar principalmente a sectores medios y trabajadores con ingresos limitados.

También se plantean cuestionamientos al criterio del nuevo sistema focalizado, ya que no contemplaría las diferencias regionales en el costo de vida ni las necesidades específicas de calefacción en distintas zonas del país.

En este marco, referentes políticos, intendentes y organizaciones de distintas provincias anticiparon que podrían impulsar acciones para frenar la iniciativa, al considerar que implicaría un retroceso en materia de acceso equitativo a servicios básicos.

El debate ahora quedará en manos del Congreso, donde se definirá el futuro del régimen de Zona Fría y su impacto en millones de hogares argentinos.

Fuente: Boca de Pozo.